En junio de este año el Parlamento Europeo aprobó el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM por sus siglas en inglés), que gravará los bienes importados con alta huella ambiental. La medida, que entrará en vigencia en forma paulatina desde el 1 de enero de 2023, afectará en principio las exportaciones de un grupo de productos intensivos en carbono como hierro, acero, cemento y fertilizantes, y se extenderá a otros como maderas, papel y alimentos.

Si bien está sujeto a revisión por parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el CBAM se enmarca en los compromisos asumidos por los países de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 55% al 2030 tomando como base el año 1990 y llegar a la carbono neutralidad.

Proteccionismo verde

El proteccionismo verde se está convirtiendo en una política cada vez más común para abordar el cambio climático. Esto ha llevado a la implementación de medidas que afectan al comercio, ya sea para igualar las regulaciones ambientales o para satisfacer la presión de sectores preocupados por perder competitividad frente a jugadores que no aplican normativas climáticas estrictas. Algunos argumentan que estas prácticas son inconsistentes con el sistema multilateral de comercio y funcionan como restricciones encubiertas al comercio internacional. Sin embargo, los impuestos al carbono y los mecanismos de ajuste en frontera no son las únicas herramientas disponibles para evitar el comercio de bienes producidos de manera no sostenible.

Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una regulación que obliga a las empresas a verificar que los productos importados a la UE cuenten con certificaciones de “libre de deforestación”. Esto afecta principalmente a las exportaciones de carne, café, aceite de soja, de palma, maderas y derivados como papel, muebles, vino, cuero y otros productos agroalimentarios. Algunos países, como Brasil, han sido sancionados por no cumplir con esta medida.

A medida que los consumidores están cada vez más informados y conscientes del impacto ambiental de sus consumos, se espera que las certificaciones y etiquetados ambientales y sociales, como el cuidado de bosques, la huella de carbono, la huella hídrica, la eficiencia energética y la trazabilidad de los productos, sean cada vez más exigidos. La Unión Europea no es el único bloque que está aplicando estas exigencias, ya que Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá también están discutiendo propuestas similares.